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La Cámara de Diputados aprobó anoche (por 142 votos contra 98) un proyecto de ley que modificó sustancialmente la ley 26.122, de 2006, que reglamenta el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La discusión entre opositores y oficialistas, que terminó casi a la medianoche, fue tensa ya que el proyecto forma parte de la decisión del arco anti-kirchnerista de ponerle límites a los avances del Gobierno sobre el Poder Legislativo.

El proyecto que defendió la duhaldista Graciela Camaño es un resumen de varias iniciativas de la oposición que se presentaron en el último mes luego de que se inició la crisis política por los DNU que dictó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para quedarse con las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa.

La intención de fondo de la oposición es cambiar los tiempos que tiene el Ejecutivo para mandar al Congreso un DNU (busca imprimirle mayor celeridad), establecer cuáles son las condiciones que justifican la "necesidad y urgencia" para el dictado de un decreto y, sobre todo, impedir que con la ratificación de una de las dos cámaras -tal cual lo plantea la ley que en 2006 redactó la Presidenta cuando era senadora- un DNU quede vigente.

Por eso establece que si en 60 días un decreto de necesidad y urgencia no es ratificado por las dos cámaras, no tendrá validez.

Camaño criticó la ley 26.122 porque aunque intentó cumplir con el mandato de la Constitución de 1994 (que creó los DNU) de reglamentar su uso, "permitió que el Ejecutivo fuera sumando facultades y competencias hiriendo al Poder Legislativo, en desmedro de la división de poderes. Hoy el Ejecutivo, aprovechando las dificultades que tienen los sectores de reunir mayorías parlamentarias puede gobernar por decreto", sostuvo Camaño.

Además, el dictamen que leyó la diputada bonaerense eleva de 16 a 24 los miembros de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tienen que dictaminar primero sobre un DNU, con el objeto de darle mayor representación a las minorías parlamentarias.

El oficialismo asistió sabiendo que perdería la votación pero dio una férrea pelea.

El riojano Jorge Yoma fue el encargado de atacar los argumentos de la propuesta opositora. "La Constitución de 1994 no en vano creó los DNU, que son parte de las atribuciones de carácter legislativo propias del Ejecutivo", dijo Yoma.

Entre los puntos más cuestionados por el ahora diputado kirchnerista fue que la propuesta de Camaño establece que si en 60 días un DNU no es ratificado por las dos cámaras queda sin vigencia. "Hay situaciones previstas por la Constitución por las cuales el Congreso podría no reunirse, como una guerra, y entonces a los 60 días los DNU no serían válidos", dijo alarmado el riojano.